UGT valora la sentencia que declara ilegal el despido de un trabajador de Barcelona cuando faltaban ocho dĆas para que finalizase su contrato indefinido
UGT mantiene que el contrato de apoyo a emprendedores incluido por el Gobierno en la reforma laboral, ademĆ”s de su inconstitucionalidad (escrito dirigido en su dĆa al Defensor del Pueblo, y en trĆ”mite ante el Tribunal Constitucional a instancia del Parlamento), vulnera los preceptos de la OrganizaciĆ³n Internacional del Trabajo, como ya denunciaron las organizaciones sindicales en mayo y en julio de 2012 mediante reclamaciĆ³n, y con posterioridad en mayo de 2013 mediante escrito de informaciones complementarias, ante la DirecciĆ³n General de la OIT, que se encuentra pendiente de resoluciĆ³n.
En este sentido, UGT valora la sentencia del Juzgado de lo Social nĆŗmero 2 de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido sin indemnizaciĆ³n de un trabajador de la empresa Alfredo Mesalles S.A. cuando faltaban ocho dĆas para que finalizase el contrato indefinido de apoyo a emprendedores por el que estaba contratado, por lesionar la Carta Social Europea.
La sentencia reprocha al Gobierno que instaurase una reforma āque desprotege al trabajador de sus derechosā en la actual situaciĆ³n de crisis y obliga a reitirle o a indemnizarle de acuerdo al convenio de su sector.
La UniĆ³n considera que este contrato, que fija un periodo de prueba de un aƱo con despido sin causa y sin indemnizaciĆ³n, entre otros contenidos de la reforma laboral, vulnera el convenio 158 de la OrganizaciĆ³n Internacional del Trabajo (OIT). AdemĆ”s, para UGT, esa reforma ha quebrantado los convenios 87, 98 y 154 en relaciĆ³n al contenido de libertad sindical y de negociaciĆ³n colectiva, lo que fue objeto de una queja especĆfica ante la OIT, pendiente tambiĆ©n de resoluciĆ³n.
En el caso de esta sentencia, se declara que la reforma incumple los preceptos de la Carta Social Europea, firmada y ratificada por EspaƱa en 1980. Una norma que garantiza los derechos humanos sociales y econĆ³micos. No obstante, nuestro paĆs aĆŗn no ha ratificado su versiĆ³n ampliada, al igual que tampoco ha ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, por lo que la UniĆ³n exige al Gobierno que lo ratifique con el fin de garantizar el avance social y la protecciĆ³n de los ciudadanos.
Para la UniĆ³n General de Trabajadores, esta sentencia supone un mazazo a la reforma laboral y a la polĆtica del Gobierno en esta materia, espera que sea el preludio de mĆŗltiples pronunciamientos de similares consecuencias, y denuncia que con este tipo de contratos lo que se hace es impulsar el despido libre y sin indemnizaciĆ³n, por lo que vuelve a exigir la retirada de esta norma que no ha hecho mĆ”s que aumentar el desempleo, disminuir la protecciĆ³n social de los trabajadores y aumentar la desigualdad laboral en nuestro paĆs.
