UGT valora la sentencia que declara ilegal el despido de un trabajador de Barcelona cuando faltaban ocho días para que finalizase su contrato indefinido
UGT mantiene que el contrato de apoyo a emprendedores incluido por el Gobierno en la reforma laboral, además de su inconstitucionalidad (escrito dirigido en su día al Defensor del Pueblo, y en trámite ante el Tribunal Constitucional a instancia del Parlamento), vulnera los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, como ya denunciaron las organizaciones sindicales en mayo y en julio de 2012 mediante reclamación, y con posterioridad en mayo de 2013 mediante escrito de informaciones complementarias, ante la Dirección General de la OIT, que se encuentra pendiente de resolución.
En este sentido, UGT valora la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido sin indemnización de un trabajador de la empresa Alfredo Mesalles S.A. cuando faltaban ocho días para que finalizase el contrato indefinido de apoyo a emprendedores por el que estaba contratado, por lesionar la Carta Social Europea.
La sentencia reprocha al Gobierno que instaurase una reforma “que desprotege al trabajador de sus derechos” en la actual situación de crisis y obliga a reitirle o a indemnizarle de acuerdo al convenio de su sector.
La Unión considera que este contrato, que fija un periodo de prueba de un año con despido sin causa y sin indemnización, entre otros contenidos de la reforma laboral, vulnera el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, para UGT, esa reforma ha quebrantado los convenios 87, 98 y 154 en relación al contenido de libertad sindical y de negociación colectiva, lo que fue objeto de una queja específica ante la OIT, pendiente también de resolución.
En el caso de esta sentencia, se declara que la reforma incumple los preceptos de la Carta Social Europea, firmada y ratificada por España en 1980. Una norma que garantiza los derechos humanos sociales y económicos. No obstante, nuestro país aún no ha ratificado su versión ampliada, al igual que tampoco ha ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, por lo que la Unión exige al Gobierno que lo ratifique con el fin de garantizar el avance social y la protección de los ciudadanos.
Para la Unión General de Trabajadores, esta sentencia supone un mazazo a la reforma laboral y a la política del Gobierno en esta materia, espera que sea el preludio de múltiples pronunciamientos de similares consecuencias, y denuncia que con este tipo de contratos lo que se hace es impulsar el despido libre y sin indemnización, por lo que vuelve a exigir la retirada de esta norma que no ha hecho más que aumentar el desempleo, disminuir la protección social de los trabajadores y aumentar la desigualdad laboral en nuestro país.
