El juicio contra los sindicalistas de Airbus es una "gran causa" contra el derecho de huelga y los representantes sindicales

"La Fiscalía, que sigue órdenes de instancias políticas, persigue criminalizar a los que ejercen el derecho de huelga, castigar a los representantes sindicales y amedrentar a la gente para que no se movilice", han denunciado este lunes en rueda de prensa distintos responsables de CCOO en relación a la petición de la Fiscalía de 8 años de cárcel para 8 sindicalistas de Airbus por su participación en la huelga general de 2010.

“La acusación contra los sindicalistas de Airbus no tiene precedentes desde la Dictadura, y es una muestra de la involución que estamos sufriendo”, ha denunciado el secretario de Acción Sindical de CCOO. En este mismo sentido, se ha pronunciado el secretario general de CCOO de Madrid, que ha resaltado las similitudes del proceso contra los sindicalistas de Airbus con el Proceso 1001 seguido por el franquismo contra la dirección de las Comisiones Obreras.

“No estamos ante un proceso judicial, sino ante un juicio político contra el derecho de huelga y los representantes sindicales”, han coincidido en señalar en rueda de prensa José Alcázar, portavoz de los ocho sindicalistas de CCOO para los que el Fiscal pide 64 años de cárcel,  Mercedes González, secretaria general de la Federación de Industria de Madrid, Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical, y Jaime Cedrún, secretario general de Madrid.

Es un juicio político que CCOO va a combatir políticamente: “No lo vamos a consentir. Vamos a dar todas las batalla que sean necesarias para frenar este ataque”, aseveró Cedrún. “Vamos a pelear para que estos compañeros no vayan a la cárcel”, insistió por su parte Górriz. Para ello, CCOO, además de dar todo su apoyo jurídico, se va a dirigir a las asociaciones de jueces, fiscales y abogados, entre otras instancias nacionales e internacionales, para denunciar la actuación del Fiscal, que pretende, como señaló la secretaria general de la Federación MInerometalúrgica de Madrid, criminalizar a los sindicalistas por ejercer sus derechos y lanzar un menjade de miedo para que la gente no se movilice.