Ya no es solo el Tribunal de Justicia de la UniĆ³n Europea, el que advierte al Gobierno espaƱol de la injusta y discriminatoria legislaciĆ³n laboral espaƱola con las trabajadoras y trabajadores temporales, tanto de la empresa privada como de las istraciones PĆŗblicas. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha fallado a favor de una trabajadora del Ministerio de Defensa, para que perciba una indemnizaciĆ³n de 20 dĆas por aƱo, tras la extinciĆ³n de su contrato, similar a la que le corresponderĆa a una persona con contrato fijo. āEsta sentencia del TSJM es de enorme trascendencia para acabar de una vez por todas con la creciente precarizaciĆ³n del mercado de trabajo en EspaƱa, fuertemente activada por la reforma laboral de 2012ā, ha declarado el secretario de AcciĆ³n Sindical de CCOO, RamĆ³n GĆ³rriz.
En opiniĆ³n de CCOO, ya no es posible sostener por mĆ”s tiempo la discriminaciĆ³n que sufren las personas con contrato temporal en nuestro paĆs. La estabilidad del empleo y el derecho a una indemnizaciĆ³n justa, similar a la que percibirĆa una persona con contrato fijo, son parte esencial del argumento jurĆdico que se incorpora a las sentencias del TJUE y del TSJM. āPor eso, los 6.141,85 euros que el TSJM ha reconocido como indemnizaciĆ³n a la trabajadora de Defensa, marca un antes y un despuĆ©s en el uso indiscriminado y abusivo de la contrataciĆ³n temporal en EspaƱaā, advierte RamĆ³n GĆ³rriz.
El secretario de AcciĆ³n Sindical de CCOO, como ya propusieron los mĆ”ximos dirigentes de CCOO y UGT en una carta remitida a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, cree urgente e imprescindible modificar, entre otras legislaciones, la del Estatuto de los Trabajadores, a fin de homologar derechos de las personas con contratos fijos y temporales.
Por Ćŗltimo, GĆ³rriz advierte, que ante estas sentencias no caben parches normativos, como los que pretende el Gobierno espaƱol, con el llamado ācontrato crecienteā, porque vendrĆan a generalizar la precariedad del empleo, en lugar de avanzar en la estabilidad y calidad del mismo, En este sentido, el Gobierno deberĆa convocar a la mayor brevedad a los interlocutores sociales para concretar el procedimiento que permita aplicar de inmediato el contenido de la sentenciaā.
