Los manifestantes han querido mostrar su apoyo a los mƔs de 260 trabajadores encausados
Multitudinarias concentraciones y manifestaciones se celebraron este miĆ©rcoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el paĆs para reclamar a los poderes pĆŗblicos, y especialmente al Gobierno central, que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral.
Las concentraciones, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, han querido tambiĆ©n mostrar el apoyo a los mĆ”s de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 aƱos de cĆ”rcel por su participaciĆ³n en huelgas.
Las concentraciones forman parte de la se reunieron con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-GallardĆ³n y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, e igualmente se han dirigido a la FiscalĆa, reclamando que se cambie el CĆ³digo Penal y se repongan los derechos fundamentales que se estĆ”n socavando.
CCOO y UGT han aprovechado las concentraciones para hacer entrega de un escrito en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el que denuncian que āla acusaciĆ³n penal que acarrea la imputaciĆ³n de delitos para los que se piden hasta 8 aƱos de cĆ”rcel a representantes sindicales constituye una injerencia de los poderes pĆŗblicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricciĆ³n ilegĆtima de derechos democrĆ”ticos y de manera singular, del derecho de huelgaā.
La imputaciĆ³n mĆ”s frecuente es la de carĆ”cter exclusivamente istrativo, y no representan en la mayorĆa de los casos importes relevantes, excepciĆ³n hecha de la infracciĆ³n muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros, informa CCOO. En el Ć”mbito penal, la mayor gravedad de la acusaciĆ³n tiene lugar cuando se imputa la comisiĆ³n de delito de coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la FiscalĆa exceden notablemente de la pena mĆnima, lo que ademĆ”s tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisiĆ³n por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones, como es el caso de Airbus, en el que se pide 8 aƱos de prisiĆ³n para cada uno de los 8 sindicalistas de CCOO y UGT imputados, 7 aƱos de prisiĆ³n para cada uno de los dos sindicalistas de hostelerĆa de Madrid tambiĆ©n imputados o cuatro aƱos y medio, como se pide a la secretaria general de de Baleares.
Para CCOO, las prĆ”cticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta lĆmites intolerables, por lo que, segĆŗn seƱalan en el escrito, āse dirigen a las delegadas y delegados del Gobierno para que los poderes pĆŗblicos, y al frente de ellos el Gobierno de EspaƱa, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboralā.
