

Los manifestantes han querido mostrar su apoyo a los mƔs de 260 trabajadores encausados
Multitudinarias concentraciones y manifestaciones se celebraron este miĆ©rcoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el paĆs para reclamar a los poderes pĆŗblicos, y especialmente al Gobierno central, que respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral.
Las concentraciones, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en Madrid, Navarra y Galicia, han querido también mostrar el apoyo a los mÔs de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cÔrcel por su participación en huelgas.
Las concentraciones forman parte de la se reunieron con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, e igualmente se han dirigido a la FiscalĆa, reclamando que se cambie el Código Penal y se repongan los derechos fundamentales que se estĆ”n socavando.
CCOO y UGT han aprovechado las concentraciones para hacer entrega de un escrito en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el que denuncian que āla acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta 8 aƱos de cĆ”rcel a representantes sindicales constituye una injerencia de los poderes pĆŗblicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegĆtima de derechos democrĆ”ticos y de manera singular, del derecho de huelgaā.
La imputación mĆ”s frecuente es la de carĆ”cter exclusivamente istrativo, y no representan en la mayorĆa de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros, informa CCOO. En el Ć”mbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la FiscalĆa exceden notablemente de la pena mĆnima, lo que ademĆ”s tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones, como es el caso de Airbus, en el que se pide 8 aƱos de prisión para cada uno de los 8 sindicalistas de CCOO y UGT imputados, 7 aƱos de prisión para cada uno de los dos sindicalistas de hostelerĆa de Madrid tambiĆ©n imputados o cuatro aƱos y medio, como se pide a la secretaria general de de Baleares.
Para CCOO, las prĆ”cticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta lĆmites intolerables, por lo que, segĆŗn seƱalan en el escrito, āse dirigen a las delegadas y delegados del Gobierno para que los poderes pĆŗblicos, y al frente de ellos el Gobierno de EspaƱa, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboralā.