Dos son los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo en el siglo XXI, la crisis energética y la falta de agua.
El agua es un bien escaso, que cada día hay menos, mientras que la población crece continuamente, por lo que vamos a asistir a grandes carencias de la misma en amplias zonas del planeta Este hecho está provocando graves conflictos internacionales entre países y de comunidades entre sí. El mal uso, la contaminación (industrial, agrícola, urbana), malas prácticas agrícolas, el cambio climático, la degradación de los acuíferos y ríos, la desaparición de los humedales y una larga lista de problemas hídricos, hacen que el agua se haya convertido en “el llamado oro azul”.
La problemática del agua es muy fuerte e intensa en España pues está distribuida de forma desigual por la península, produciéndose fuertes desajustes hídricos, Mientras que en el norte, no suele haber problemas, en toda la costa mediterránea, el centro y sur peninsular muestran una escasez cada vez más intensa.
Si estas zonas ya tienen dificultades hídricas, estas se hacen más intensas con el desarrollo económico que plantean, con un turismo intensivo (un turista gasta tres veces más de agua que un residente), un desarrollo urbanístico irresponsable y fuera de la realidad, sirva como ejemplo que la provincia de Murcia prácticamente planteaba duplicar su población con las nuevas urbanizaciones propuestas. A ello hay que unir, una agricultura intensiva muy fuerte y en muchos casos ilegal, con roturaciones de tierras no permitidas.
Ante esta situación podemos decir, que la política del agua bien planificada no existe en España, salvo aquella que consiste en hacer nuevos muros de cemento (pantanos), siendo el país del mundo que tenemos más embalses por km2, y como se comprueba, esto no soluciona el problema hídrico del país.
A inicios del siglo XX, el aragonés Joaquín Costa lucho para que hubiera pantanos, que permitiera el desarrollo del país posibilitando una fuerte agricultura, base entonces de la economía. Sin embargo, lo que en aquel momento fue una política hídrica necesaria y que permitió desarrollarse al país, esta no sirve para el siglo XXI.
Ninguno de los dos partidos que son alternativa de poder, PSOE y PP tienen una política clara del agua ni que soluciones dar a la situación actual, salvo seguir aumentando el cemento por nuestras tierras.
El ejemplo más claro de la lucha, que se sufre en este país, por el tema del agua es el llamado trasvase del Ebro. El PSOE con Felipe González como presidente y José Borrell como ministro de Fomento plantearon el trasvase del Ebro que llevaría unos 1.855 Hm3 anuales de agua a las sedientas tierras del sur. La postura del Partido Popular que dirigió Aznar en la oposición fue muy crítica con dicho trasvase y este nunca se realizó.
Cuando llega al poder el PP de Aznar, en su segunda legislatura (2000-2004) ya con mayoría absoluta, relanza de nuevo el tema del trasvase, que llevaría 1050 Hm3 al sur. Su coste económico sería según su propuesta de unos 4.500 millones de euros y el consumo energético anualmente sería de unos 1.200 MW (la potencia de una central nuclear). Este trasvase es aplaudido desde las comunidades valenciana y murciana y rechazado por los catalanes y aragoneses.
Con la llegada al poder nuevamente del PSOE, este paraliza inmediatamente el trasvase del Ebro y desarrolla en cambio “el programa AGUA”, que mediante la desalación debe procurar una cantidad parecida a la que proporcionaría el trasvase y a precio más competitivo. Sin embargo, es continuamente boicoteado desde los poderes autonómicos del PP en Valencia y Murcia.
¿Es posible el trasvase del Ebro desde el punto de vista económico? ¿Es la solución al problema hídrico?
La respuesta a las anteriores preguntas es obvia, no es posible dicho trasvase porque no soluciona el problema del agua de la región. El trasvase es absolutamente inviable, porque el río Ebro no lleva suficiente caudal hídrico como para poder hacer dicho trasvase y cada año que pasa su caudal desciende, a ello hay que unir la pésima calidad del agua del Ebro en la zona de la toma para el trasvase.
El Partido Popular con el lema “agua para todos” ha desarrollado una política de acoso y derribo al PSOE por la suspensión del trasvase, con una demagogia y falta de rigor escandalosos, pero que ha sido útil, pues ha tenido grandes réditos electorales en ambas comunidades, convirtiendo estas dos regiones en el granero electoral del PP, a pesar de los escándalos continuos de corrupción política y económica que se dan en estas dos comunidades.
El río Ebro llevaba en Castejón (Navarra a inicios del año 1900 un caudal de 18.000 hm3, en el año 1960 su caudal ya era de 13.000 Hm3, en 1980 su caudal es de 10.000 Hm3, y en el año 2010 escasamente llega a los 8.000 Hm3. La disminución en 1.050 Hm3 del Ebro, aceleraría la destrucción del delta del Ebro, el mayor humedal español, que ya se encuentra en una gran regresión y, que acabaría por provocar su desaparición al entrar el agua del mar en él.
El coste económico del trasvase, en el año 2002, según el PP rondaría los 4.500 millones de euros y además se contaba que una parte correría a cargo de la Unión Europea. Sin embargo la U E cuestionaba la realización de dicho trasvase pues iba en contra de su política hídrica en Europa. Expertos independientes valoraban el coste real de dicho trasvase en más de 8.000 millones de euros muy alejado de lo que planteaba el PP. Hoy de hacerse este trasvase estaríamos hablando de más de 12.000 millones de euros, lo que le hace económicamente inviable.
A parte del coste de la obra, hay que añadir el mantenimiento y el coste energético para el desplazamiento del agua, que hace más irrealizable esta obra faraónica.
La normativa europea exige que el coste real de la obra y el mantenimiento de la misma recaigan sobre los s y que el precio del agua lo pague quien se beneficia. El coste del agua todavía hace más inviable el proyecto, pues el precio por m3 de agua de mala calidad saldría en Almería por encima de los dos euros, euro y media en Murcia, sobre euro y veinte céntimos en Alicante y sobre el euro en Valencia. Con estos precios, esta agua no es competitiva ni para los agricultores ni para el sector del turismo.
El trasvase no tiene ninguna función social por lo que no es posible que haya subvenciones de tipo político. Una obra pública debe de demostrar su viabilidad económica y el trasvase no lo tiene, se mire como se mire, ni económica, ni medio ambiental, ni socialmente y no soluciona el problema sino lo empeora.
El PP nunca ha explicado el coste que deberán pagar los valencianos y murcianos por el agua del trasvase, porque si deben pagar lo que realmente cuesta el proyecto lo desestimaran. Hasta ahora la demagogia les ha funcionado pero la realidad es otra. Para los valencianos y murcianos su alternativa y futuro del agua es el mismo que para el resto del país. ¿Cuál sería esa alternativa?
El agua como bien escaso debe de pagarse al coste real del servicio. Debe existir un gasto medio a precio asequible y todo lo que pase de ese consumo ser fuertemente penalizado. Evitaríamos derroches inútiles
Hay un principio básico el agua es un bien público que es, quién haga uso de ella que lo pague. Se debe de controlar los más de dos millones de pozos que hay en el país, muchos de ellos ilegales, haciéndoles pagar y controlarles su consumo con lo que protegeríamos a nuestros maltrechos acuíferos. Las empresas eléctricas deberían pagar un impuesto por el uso que hacen del agua pública para su beneficio privado, para sus centrales hidroeléctricas, que si seguimos modelos europeos deberían abonar al Estado unos 1.200 millones de euros.
Ser más estrictos con los procesos de contaminación industrial, agrícola y urbana, se reclaman multas ejemplares a quien contamine y que se desarrolle un proceso total de depuración de las aguas urbanas. El cuidado de nuestros ríos se presenta como imprescindibles.
Mejora de los humedales actuales pero sobre todo intentar recuperar el gran número de humedales perdidos, pues actúan como auténticos pulmones hídricos.
Una política conservacionista de nuestros acuíferos. Acabar con el desarrollo continuo del cemento y en vez de hacer pantanos hacer que sean nuestros acuíferos los que guarden el agua de una forma natural, como se hacen en otras partes del mundo.
Una política de desarrollo económico y urbano más respetuosa con el medio ambiente, cosa que no se ha hecho hasta la actualidad. Debeos replantearnos nuestra propio desarrollo urbanístico por insostenible y que hacen de nuestras cosas un desastre total.
La desalación es un apoyo, pero no la solución hídrica a la escasez hídrica actual , que se ahondará con el cambio climático El coste económico de la desalación es cada vez menor, lo que hace que su agua sea cada vez más competitiva sobre todo en las zonas costeras, pero solo es una solución parcial. Es una parte de la solución a pesar de los costes medio ambientales que genera la salmuera y su consumo energético. Nuestras empresas en desalación son las más avanzadas tecnológicamente del mundo.
Si el PP vuelve con el tema del trasvase del Ebro, estaremos perdiendo un tiempo precioso y una cantidad de dinero altísimo (para beneficio de los constructores) y seguiríamos sin solucionar el problema del agua, provocando enfrentamientos territoriales y sociales innecesarios. Se decía que con el trasvase Tajo/Segura se solucionaría el problema hídrico de Murcia, esto no sólo se ha solucionado si no lo ha agravado.
Es más necesario que nunca un pacto nacional sobre el agua, con las premisas anteriormente expuestas. Los valencianos y murcianos necesitan agua y deben de tenerla, pero hay alternativas posibles, fuera del trasvase que es inviable, que les aseguraran de forma regular y a precios competitivos, como al resto del país, el agua ansiada y no deben de permitir ya más demagogia.
