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No sabemos el futuro, pero, a la vista de la historia reciente, la vía elegida en 2010 por los sindicatos europeos, el nacionalismo corporativista no lleva a ninguna parte. Aunque los apoyos los tienen en la izquierda, pretenden ignorar la crisis de 1989, cuando los partidos obreros no supieron digerir de manera orgánica sus lazos con la URSS y desparecieron. La marea neoliberal que anegó la sociedad europea y arrinconó las ideas de transformación social duró hasta 2008. La crisis y la depresión venida a continuación falsaron las teorías del fin de la historia, el capitalismo estaba vivo y, también, sus contradicciones. Para reanudar la lucha contra el capitalismo la izquierda tiene que asumir 1989, rescatar los organismos y valores del núcleo laboral y, desde el trabajo, rehacer su capacidad política para la acción democrática trasformadora.
Los sindicatos europeos entre 2010 y 2015 asistieron, desarmados y desunidos, al sacrificio ritual del gobierno y el pueblo griego, bajo la hegemonía alemana (i), en la cual confluían Angela Merkel, la Social Democracia y la DGB, los poderosos sindicatos alemanes, con el objetivo común de evitar que la deuda griega arrastrara a los bancos alemanes. La austeridad terminó con el gobierno griego de izquierdas, y la Confederación de Sindicatos Europeos (ETUC, o CES) perdió la capacidad de influir en Bruselas. En 2016, la Confederación solicitó al Observatorio Social Europeo un estudio para evaluar el impacto de las políticas de austeridad en cinco países: Irlanda, Italia, Finlandia, Alemania y la República Checa, representativos de los diversos tipos de capitalismo existentes en la Unión Europea (ii). Las conclusiones del estudio certificaron el declive sindical, y su causa: el nacionalismo. Con la excepción de Finlandia, todos los países abandonaron la negociación laboral colectiva y la legislación laboral se deterioró en Europa. Los países más golpeados por la crisis bancaria, Irlanda e Italia, sufrieron una fuerte devaluación salarial y el deterioro del bienestar. La República Checa, fuera del euro, se libró de la crisis bancaria devaluando la moneda, pero sus salarios bajaron. En el país central de la UE, la unificación de las dos Alemanias provocó el estancamiento de los salarios desde 2003, resurgió el nacionalismo germano alimentado por la resiliencia demostrada, y el corporativismo sindical reforzó la idea de país acreedor, que apoya las políticas de austeridad para el Sur.
La división entre los sindicalistas de países nórdicos acreedores, y de naciones del sur, deudoras y atrasadas, impedía mostrar un frente anti austeridad en las discusiones con la tecnocracia de Bruselas. El staff técnico de la Comisión presenta sus dictámenes como si fueran dogmas y adapta el relato a los intereses dominantes; afirmaba que los salarios deben soportar los gastos de bienestar con impuestos indirectos y sobre las rentas del trabajo, porque son sus beneficiarios principales, o que la devaluación salarial es la única garantía que pueden presentar los deudores. Niega la causalidad entre la austeridad y la disminución del consumo, y entre la deflación salarial y las cifras del desempleo. El diseño del euro convirtió a Finlandia, Alemania y otros estados del norte en jueces acreedores, obligando al endeudamiento del sur, y favoreciendo el dumping fiscal ejercido por países como Irlanda, que captan los impuestos de grandes corporaciones estadounidenses a costa de los socios comunitarios, para mantener su deuda en niveles manejables.
Para atenuar el malestar sindical creado por la gestión comunitaria de la crisis, la Comisión inició, en 2015, conversaciones con los sindicatos para la proclamación del “Pilar Europeo de los derechos sociales”; el diálogo con Bruselas facilitó la reanudación de las prácticas unitarias sindicales. Aprobado el “Pilar social” en 2017, el European Trade Union Council llamó a la unidad de acción, pidió a su Instituto (ITUC) la celebración de una conferencia, para actualizar la estrategia sindical frente a una recuperación que no creaba empleo. En junio de 2018 se realizó el evento, en el cual se discutieron cuatro temas, considerados básicos para la negociación con la UE, los gobiernos que la integran y las empresas de los estados: a) el libre movimiento de capitales y sus consecuencias sobre los mercados y el empleo; b) el cambio climático y la transición energética; c) la transición demográfica y cómo afecta a los sistemas de seguridad social; y, por último, d) la digitalización de la economía y sus efectos disruptivos sobre la organización de la producción y el empleo.
La confederación europea de sindicatos siempre ha defendido más Europa, pero en 2008-2015, cuando realmente era necesaria, sucumbió al nacionalismo y se debilitó frente a Bruselas; el chovinismo sindical se manifiesta periódicamente, consiste en la vuelta de los sindicatos a sus cuarteles, donde negocian con sus gobiernos y defienden la viabilidad de las empresas nacionales, apoyando discursos poco respetuosos con los trabajadores de países vecino. Hace ya varias décadas, el papel de los Sindicatos en la construcción de la Unión Europea proporciona una medida del acercamiento o la desviación del proyecto continental a las pautas de la democracia, marcado también por políticas de la Comisión para compensar las salidas de tono de la tecnocracia neoliberal. La constatación de la debilidad sindical, tras la desunión sobrevenida en la Gran Recesión, hizo saltar las alertas de la ETUC en 2017, desde la propuesta del Pilar Social Europeo, Bruselas no los había convocado para tratar la harmonización social de la Unión. La cúpula sindical envió al presidente de la Comisión, Jean-Claude Junker, una protesta por la retórica insuficiente del “Pilar europeo de derechos sociales”; el documento pedía integrar el Pilar social en los principios de la UE, y el reconocimiento a la democracia del trabajo, a semejanza de la Cogestión en las grandes empresas, puesta en marcha en Alemania desde 1957, y denunciaba el dumping fiscal y social de algunos estados europeos en apoyo de sus empresas, que distorsiona la competencia y dificulta la acción sindical en los otros países; comportamientos que hacen necesaria una legislación comunitaria para armonizar los impuestos y los derechos sociales. La Comisión respondió a las peticiones sindicales en estos términos: “en comparación con el resto del mundo, las sociedades europeas son lugares prósperos y ricos en los que vivir” (iii). La frase resumía una imagen de Europa ensimismada en su autocomplacencia, y perpleja por el Brexit.
Con sus comentarios insultantes, Bruselas cerraba la ventana de oportunidad que había abierto en 2005; entonces negoció la integración de las demandas sindicales en la revisión legal de la compañía europea, la S.A. para operar en el ámbito continental; entre otras, los sindicatos habían negociado incluir la representación obrera en los consejos de istración. Según conversaciones con la Comisión de 2005, las propuestas como el European Works Council de 1994, debían ser incorporadas en 2018 a la normativa de la Sociedad mercantil europea. La Comisión del Sr. Junker se opuso incluso a discutir la homologación de los derechos laborales entre los estados de la Unión (iv) y la nueva Ley de Sociedades europeas pasó por Bruselas sin mencionar la democracia obrera. Las elites tecnocráticas no querían escuchar a los sindicatos, recién salida de siete años de recesión. No discutía con ellos, y la idea “democracia en el trabajo” no le decía nada, a pesar de salir impresa en varias directivas. Es un concepto anterior a la austeridad de 2010 (v). Las grandes empresas han encontrado en la nueva legislación mercantil un ámbito de ambigüedad suficiente para burlar las normas; mediante adquisiciones, absorciones o, simplemente, convirtiendo las empresas nacionales de alcance continental en compañías europeas, burlan las disposiciones sobre derechos sindicales interestatales.
La Comisión y su staff técnico no dieron respuesta a la inquietud sindical, hasta 2019, año de las elecciones europeas. Úrsula Von der Leyen nombró una nueva Comisión que concertó Europa ante el Brexit, y la pandemia, en 2020, creó la oportunidad para avanzar por el camino de la armonización fiscal y social con la Agenda 2030. Son evidentes los avances sociales y fiscales logrados en los dos años posteriores al COVID. Pero, la pandemia también aceleró los cambios tecnológicos más disruptivos (vi), provocó el aumento del desempleo tecnológico y salieron a la luz las deficiencias de los sistemas educativo y de salud; en 2022, el contexto internacional se volvió muy peligroso, y la opinión pública europea viró hacia la desconfianza en el futuro. Las esperanzas generadas por las medidas sociales contra el COVID-19 van a ser sepultadas por la guerra de Ucrania y su consecuencia, la reconversión bélica de la industria europea, que trastoca todas las estrategias de la construcción europea y vuelve a colocar en un primer plano las desviaciones nacionalistas, el patriotismo europeo, la NATO y los pactos Atlánticos.
Las elecciones de junio del 2024 han dado el resultado de una Europa conservadora, con un amplio grupo ultra y populista en Estrasburgo. El giro a la derecha también activa el pensamiento plástico de Úrsula Von der Leyen, la composición de la nueva Comisión no augura buenas perspectivas para la concertación sindical europea. No se crea una Comisaría de trabajo y el Pilar social europeo parece olvidado. La guerra va a determinar la política industrial y financiera de la Unión Europea, y coloca a los sindicatos, cómo a todos los europeos, en la encrucijada de la paz y la guerra, las fronteras, la reconstrucción de Ucrania y la reconversión bélica industrial. La guerra alimenta el alza de los partidos populistas, de los movimientos xenófobos y del ultranacionalismo; en ese contexto, la posición del movimiento sindical europeo es muy débil, no puede enfrentarse en solitario a las políticas que dañan, irremediablemente, la democracia en Europa. En este momento, los gobiernos en la mayoría de los países de la Unión no apoyan las propuestas sindicales, ni desean la homologación de las políticas sociales y fiscales; ni tampoco la democracia del trabajo (vii). Algunos países, cómo Francia, han iniciado recortes del bienestar y de los sistemas de pensiones. En toda Europa, los jóvenes son abandonados a la ambigüedad precaria de los nuevos empleos en plataformas, y la desigualdad crece en cada segmento profesional, fortalece el individualismo y coarta la solidaridad. Todos los conceptos aprobados por la Conferencia sindical de 2018 parecen de otro planeta. No les falta vigencia, incluso son hoy más urgentes. Pero, los cambios se aceleran y las prioridades varían; permutando las disposiciones políticas, consecuencia del giro electoral, o por las relaciones entre los gobiernos. La democracia del trabajo es una propuesta que se lanzó para crear una dinámica sindical unitaria en la UE, y afrontar la segmentación de los trabajadores generada por la revolución tecnológica, la internacionalización de las cadenas de valor y la falta de armonía entre las legislaciones laborales. Permitía, además, clarificar las ambigüedades del Pilar social europeo y unificaba el sindicalismo con una cultura de solidaridad. Sin ésta, se corre el riesgo de repetir los errores de 1914, y 1989, valorar el gasto militar creador de empleo, y dejar la guerra y la paz a la derecha.
La distribución del gasto global en armamento es un dato publicado (viii). Europa, en su conjunto, gasta menos que los EEUU, pero, más que China y más que Rusia. La Comisión dice racionalizar el gasto y, con ese propósito, nos enfrenta al problema político central de la Unión Europea, la indefinición entre ser un estado confederal, o formar una coalición de países unidos por pactos de comercio, legislación, derechos y fronteras; se nos presenta el problema de una manera fraudulenta que no permite elegir a los ciudadanos; solo se contempla la opción de estados diferentes, cada uno con su ejército, unidos por un tratado, la OTAN, que subcontrata su defensa con un principal, EE UU. Hemos elegido la estructura más costosa; nosotros financiamos la defensa, ponemos el dinero y le comprando armas al proveedor americano. Pagamos en dólares, una divisa que no está referenciado a ningún valor objetivo, y equivale a la deuda del país emisor. El país más endeudado del mundo es el emisor de la moneda global; no paga lo que compra, solo se endeuda. Vende más armamento que el resto del mundo junto, y equipa sus armas con la informática comprada en dos puntos calientes del planeta: Israel y Taiwán. Nuestras compras sostienen el complejo militar industrial que es la base de su poder; la amenaza permanente de guerra mantiene la unidad del sistema por el miedo.
La alternativa existe, los expertos ya lo han dicho, la unión confederal de los países europeos disminuiría el gasto total en defensa europea, racionalizaría la industria de armamentos, la haría más eficiente y tecnológicamente avanzada y daría servicio tecnológico a la industria del continente; esto último facilita el control del desarrollo técnico al servicio de la mejora del trabajo, que es una de las propuestas de la Conferencia sindical. Desde la perspectiva global, reduciría los riesgos de aniquilación total; mejorando las perspectivas de autodeterminación europea; el corolario sería una Europa emancipada de tutelajes, y capacitada para llegar a compromisos pacíficos con todos los estados. Europa tiene condiciones inmejorables para la negociación del final de los bloques militares: 450 millones de ciudadanos, las mayores rentas per cápita del planeta, ochenta años sin conflictos internos y un sistema de bienestar que todos los países amantes de la civilización desean; el colonialismo ha sido la causa principal de la desconfianza del Sur global hacia Europa, ya no está en el ADN cultural de la mayoría de los europeos, su desaparición en las prácticas de los gobiernos presentaría al resto del planeta un socio poderoso. El mundo desea la paz, ésta es el reto actual para los europeos y para nuestra democracia. Los sindicatos ocupan un lugar preferente en este dilema, porque han avanzado hacia la unidad continental en los años previos. Convertir los deseos imaginados en políticas solo ocurre con el apoyo de la sociedad civil; el fortalecimiento de los derechos sindicales en las empresas rompe barreras autoritarias en las instituciones económicas, y fomenta la cultura de la cooperación intersindical. Un sindicalismo basado en el ethos solidario del trabajo nos acercaría a la democracia económica europea (ix).
(i) J. Habermas, declaraciones a The Guardian 16 julio 2015.
(ii) “Balancing protection and investment: structural reforms in five countries” 2008-2014 (Agostini et als., 2016).
(iii) Reflection_paper_social_dimension_europe_es.pdf, editado por COM (2017) 206 de 26 de abril de 2017.
(iv) Ver Boletín anual (ETUC, 2018)
(v) Directiva 2002/14/EC (European Community): procedimientos de consulta e información a los representantes de los trabajadores. Recast Directive 2009/38/EC sobre derecho a la consulta e información en las compañías trasnacionales europeas. Directiva 2001/86EC sobre representación de los trabajadores en el comité de dirección de las compañías europeas y Directiva 2005/56/EU sobre absorción europea de compañías y respeto a los derechos de información, consulta y representación de los trabajadores.
(vi) The Future of Jobs Report 2020 World Economic Forum, October 2020, Ed. Saadia Zahidi & Klaus Schwab, disponible en la web del Fondo Monetario Internacional, www.IMF-FINANCES&DEVELOPMENT.org.
(vii) The world(s) of work in transition (2018) ETUC Conference… p. 49
(viii) CIDOB https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.sipri.org/&ved=2ahUKEwimw9D9jqqJAxWHcvEDHbCCB6AQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1oaWjfRHMdiH0lcDSF5y4N
(ix) Kowalsky, 2019. Ver Sara Lafuente, https://fsc.ccoo.es/963338df0700e2a2215b2d177484bf32000050.pdf
