<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=621166132074194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
sƔbado. 14.06.2025

Son personas y tienen derechos

Por JosĆ© Antonio Moreno DĆ­az | Hemos de recordar que la inmigración no es un delito, no es una actividad delictiva...

El preÔmbulo de la Constitución establece que España proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular reiterando a continuación el artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrÔtico de Derecho.

Dicho en lenguaje llano viene a significar que toda actuación tanto de los ciudadanos como –sobre todo– de las instituciones, se halla sometida al imperio de la ley, que nada ni nadie puede (ni debe) escapar a los mandatos jurĆ­dico normativos establecidos, lo cual no es sino la base fundamental de la convivencia en un sistema democrĆ”tico y una de las principales diferencias respecto a regĆ­menes autocrĆ”ticos o dictatoriales donde la mera voluntad unĆ­voca y arbitraria de los mandatarios sirve –sin freno alguno- para establecer las reglas de (su) juego.

QuizĆ” recordar dicha constatación constitucional pudiera resultar obvio en otro momento pero ante la tragedia sucedida (o provocada, o inducida…) en Ceuta el dĆ­a 6 de febrero donde –recordemos otra vez– pierden la vida 15 seres humanos resulta imprescindible constatar que EspaƱa es un estado de Derecho y no –como algunos quisieran– un estado ā€œde derechasā€.

Viene a colación no sólo sobre los inaceptables cambios de las sucesivas versiones oficiales que en modo alguno han facilitado el conocimiento de la verdad y que mĆ”s bien parecen ocultar o al menos difuminar graves –cuando menos– negligencias e imprudencias en las ordenes cursadas para la intervención de la Guardia Civil sino tambiĆ©n sobre la indecente manipulación de la catĆ”strofe que –con la ayuda de unos sospechosamente ā€œoportunosā€ informes del CNI– pretenden presentarla casi como un hecho lógico derivado de la ā€œpresión migratoriaā€ sobre nuestras Ciudades Autónomas.

Si ya resulta inaceptable para un estado de derecho que en una situación de riesgo objetivo para la vida de las personas –estamos hablando de seres humanos, de madrugada, en situación de nĆ”ufragos– sean ā€œrepelidosā€ en vez de ser asistidos, primando un peligroso y abstracto concepto de seguridad antes que el bĆ”sico concepto de humanidad y que en vez de salvamento marĆ­timo, intervenga la Guardia Civil y que en vez de botes salvavidas se lancen botes de humo y material agresivo, tambiĆ©n resulta inaceptable que –con toda desfachatez– un Ministro (nada menos!) reconozca la actuación ilegal de funcionarios pĆŗblicos que proceden a la devolución ilegal de las 23 personas que habĆ­an accedido de manera ilegal a tierra espaƱola mediante un procedimiento ilegal de entrega ilegal a las autoridades marroquĆ­es.

Y resulta aún mÔs insultante que cuando se le apercibe al Ministro de que esa prÔctica -por muy común que venga siendo como ya ha sido denunciado en ambas Ciudades Autónomas- no es legal, la respuesta sea que se va a cambiar la ley.

Esta cultura del far west donde la ley soy yo y la mayorƭa absoluta que me respalda y donde las leyes que no me gustan las cambio a mi antojo para permitirme hacer lo que yo quiero hacer no es propia ni de un paƭs democrƔtico ni de unos ciudadanos que se merecen un respeto ni tampoco de un gobierno que debe merecerse (y hacer lo posible por obtener) un respeto.

Hemos de recordar que la inmigración no es un delito, que inmigrar –aunque sea de manera clandestina– no es una actividad delictiva: por ello la lógica protección de las fronteras no puede en modo alguno legitimar la vulneración de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad fĆ­sica y moral, a la dignidad de las personas…al corolario de derechos –en fin– de un estado de derecho.

Asimismo, en nuestro ordenamiento penal, el funcionario pĆŗblico que a sabiendas de su injusticia dictarĆ© una resolución arbitraria –incluso, de facto– en un asunto istrativo comete prevaricación. Por otro lado, la persona que no socorriere a otra que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave comete omisión del deber de socorro.

No es verdad la falsa dicotomĆ­a que se pretende establecer entre seguridad en la frontera y derechos humanos: ambos son perfectamente compatibles pero –desde luego– si hubiera que elegir, una sociedad democrĆ”tica y libre debe optar sin dudar por los derechos humanos.

Nos horrorizamos ante la masacre de Lampedusa, nos escandalizamos ante la catĆ”strofe de Ceuta…pero, Āædebe seguir la sociedad espaƱola, la ciudadanĆ­a espaƱola mirando para otro lado ante esta miserable escalada…? Primero, las cuchillas en la valla , luego los ahogados, ahora la reforma de la ley y el ā€œapaƱoā€ con Marruecos… Āæhasta cuando? Una sociedad debe tener un mĆ­nimo de fibra moral que le haga reaccionar ante una tragedia de semejante magnitud donde la respuesta institucional ha sido indigna e indecente ante unos hechos que han costado quince vidas humanas.

Āæ HubiĆ©ramos aceptado esas respuestas si los muertos hubiesen sido espaƱoles…? ĀæHubiĆ©semos aceptados esas excusas de la istración si los muertos hubieran sido otros? Todas esas gentes de orden que claman por la hipotĆ©tica vida del nasciturus, Āæpor quĆ© callan ante la muerte –terriblemente real– de quince seres humanos?.

Para finalizar y mutatis mutandi, ĀæquĆ© argumentos esbozarĆ­a el estado espaƱol si un paĆ­s europeo – por ejemplo Suiza- en un futuro no muy lejano sometiese a nuestros emigrantes a trato discriminatorio o incluso degradante….?

JosƩ Antonio Moreno Dƭaz, es abogado.

Son personas y tienen derechos