Son personas y tienen derechos

El preámbulo de la Constitución establece que España proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular reiterando a continuación el artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.

Dicho en lenguaje llano viene a significar que toda actuación tanto de los ciudadanos como –sobre todo– de las instituciones, se halla sometida al imperio de la ley, que nada ni nadie puede (ni debe) escapar a los mandatos jurídico normativos establecidos, lo cual no es sino la base fundamental de la convivencia en un sistema democrático y una de las principales diferencias respecto a regímenes autocráticos o dictatoriales donde la mera voluntad unívoca y arbitraria de los mandatarios sirve –sin freno alguno- para establecer las reglas de (su) juego.

Quizá recordar dicha constatación constitucional pudiera resultar obvio en otro momento pero ante la tragedia sucedida (o provocada, o inducida…) en Ceuta el día 6 de febrero donde –recordemos otra vez– pierden la vida 15 seres humanos resulta imprescindible constatar que España es un estado de Derecho y no –como algunos quisieran– un estado “de derechas”.

Viene a colación no sólo sobre los inaceptables cambios de las sucesivas versiones oficiales que en modo alguno han facilitado el conocimiento de la verdad y que más bien parecen ocultar o al menos difuminar graves –cuando menos– negligencias e imprudencias en las ordenes cursadas para la intervención de la Guardia Civil sino también sobre la indecente manipulación de la catástrofe que –con la ayuda de unos sospechosamente “oportunos” informes del CNI– pretenden presentarla casi como un hecho lógico derivado de la “presión migratoria” sobre nuestras Ciudades Autónomas.

Si ya resulta inaceptable para un estado de derecho que en una situación de riesgo objetivo para la vida de las personas –estamos hablando de seres humanos, de madrugada, en situación de náufragos– sean “repelidos” en vez de ser asistidos, primando un peligroso y abstracto concepto de seguridad antes que el básico concepto de humanidad y que en vez de salvamento marítimo, intervenga la Guardia Civil y que en vez de botes salvavidas se lancen botes de humo y material agresivo, también resulta inaceptable que –con toda desfachatez– un Ministro (nada menos!) reconozca la actuación ilegal de funcionarios públicos que proceden a la devolución ilegal de las 23 personas que habían accedido de manera ilegal a tierra española mediante un procedimiento ilegal de entrega ilegal a las autoridades marroquíes.

Y resulta aún más insultante que cuando se le apercibe al Ministro de que esa práctica -por muy común que venga siendo como ya ha sido denunciado en ambas Ciudades Autónomas- no es legal, la respuesta sea que se va a cambiar la ley.

Esta cultura del far west donde la ley soy yo y la mayoría absoluta que me respalda y donde las leyes que no me gustan las cambio a mi antojo para permitirme hacer lo que yo quiero hacer no es propia ni de un país democrático ni de unos ciudadanos que se merecen un respeto ni tampoco de un gobierno que debe merecerse (y hacer lo posible por obtener) un respeto.

Hemos de recordar que la inmigración no es un delito, que inmigrar –aunque sea de manera clandestina– no es una actividad delictiva: por ello la lógica protección de las fronteras no puede en modo alguno legitimar la vulneración de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la dignidad de las personas…al corolario de derechos –en fin– de un estado de derecho.

Asimismo, en nuestro ordenamiento penal, el funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictaré una resolución arbitraria –incluso, de facto– en un asunto istrativo comete prevaricación. Por otro lado, la persona que no socorriere a otra que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave comete omisión del deber de socorro.

No es verdad la falsa dicotomía que se pretende establecer entre seguridad en la frontera y derechos humanos: ambos son perfectamente compatibles pero –desde luego– si hubiera que elegir, una sociedad democrática y libre debe optar sin dudar por los derechos humanos.

Nos horrorizamos ante la masacre de Lampedusa, nos escandalizamos ante la catástrofe de Ceuta…pero, ¿debe seguir la sociedad española, la ciudadanía española mirando para otro lado ante esta miserable escalada…? Primero, las cuchillas en la valla , luego los ahogados, ahora la reforma de la ley y el “apaño” con Marruecos… ¿hasta cuando? Una sociedad debe tener un mínimo de fibra moral que le haga reaccionar ante una tragedia de semejante magnitud donde la respuesta institucional ha sido indigna e indecente ante unos hechos que han costado quince vidas humanas.

¿ Hubiéramos aceptado esas respuestas si los muertos hubiesen sido españoles…? ¿Hubiésemos aceptados esas excusas de la istración si los muertos hubieran sido otros? Todas esas gentes de orden que claman por la hipotética vida del nasciturus, ¿por qué callan ante la muerte –terriblemente real– de quince seres humanos?.

Para finalizar y mutatis mutandi, ¿qué argumentos esbozaría el estado español si un país europeo – por ejemplo Suiza- en un futuro no muy lejano sometiese a nuestros emigrantes a trato discriminatorio o incluso degradante….?

José Antonio Moreno Díaz, es abogado.