El preĆ”mbulo de la Constitución establece que EspaƱa proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular reiterando a continuación el artĆculo primero que EspaƱa se constituye en un Estado social y democrĆ”tico de Derecho.
Dicho en lenguaje llano viene a significar que toda actuación tanto de los ciudadanos como āsobre todoā de las instituciones, se halla sometida al imperio de la ley, que nada ni nadie puede (ni debe) escapar a los mandatos jurĆdico normativos establecidos, lo cual no es sino la base fundamental de la convivencia en un sistema democrĆ”tico y una de las principales diferencias respecto a regĆmenes autocrĆ”ticos o dictatoriales donde la mera voluntad unĆvoca y arbitraria de los mandatarios sirve āsin freno alguno- para establecer las reglas de (su) juego.
QuizĆ” recordar dicha constatación constitucional pudiera resultar obvio en otro momento pero ante la tragedia sucedida (o provocada, o inducidaā¦) en Ceuta el dĆa 6 de febrero donde ārecordemos otra vezā pierden la vida 15 seres humanos resulta imprescindible constatar que EspaƱa es un estado de Derecho y no ācomo algunos quisieranā un estado āde derechasā.
Viene a colación no sólo sobre los inaceptables cambios de las sucesivas versiones oficiales que en modo alguno han facilitado el conocimiento de la verdad y que mĆ”s bien parecen ocultar o al menos difuminar graves ācuando menosā negligencias e imprudencias en las ordenes cursadas para la intervención de la Guardia Civil sino tambiĆ©n sobre la indecente manipulación de la catĆ”strofe que ācon la ayuda de unos sospechosamente āoportunosā informes del CNIā pretenden presentarla casi como un hecho lógico derivado de la āpresión migratoriaā sobre nuestras Ciudades Autónomas.
Si ya resulta inaceptable para un estado de derecho que en una situación de riesgo objetivo para la vida de las personas āestamos hablando de seres humanos, de madrugada, en situación de nĆ”ufragosā sean ārepelidosā en vez de ser asistidos, primando un peligroso y abstracto concepto de seguridad antes que el bĆ”sico concepto de humanidad y que en vez de salvamento marĆtimo, intervenga la Guardia Civil y que en vez de botes salvavidas se lancen botes de humo y material agresivo, tambiĆ©n resulta inaceptable que ācon toda desfachatezā un Ministro (nada menos!) reconozca la actuación ilegal de funcionarios pĆŗblicos que proceden a la devolución ilegal de las 23 personas que habĆan accedido de manera ilegal a tierra espaƱola mediante un procedimiento ilegal de entrega ilegal a las autoridades marroquĆes.
Y resulta aún mÔs insultante que cuando se le apercibe al Ministro de que esa prÔctica -por muy común que venga siendo como ya ha sido denunciado en ambas Ciudades Autónomas- no es legal, la respuesta sea que se va a cambiar la ley.
Esta cultura del far west donde la ley soy yo y la mayorĆa absoluta que me respalda y donde las leyes que no me gustan las cambio a mi antojo para permitirme hacer lo que yo quiero hacer no es propia ni de un paĆs democrĆ”tico ni de unos ciudadanos que se merecen un respeto ni tampoco de un gobierno que debe merecerse (y hacer lo posible por obtener) un respeto.
Hemos de recordar que la inmigración no es un delito, que inmigrar āaunque sea de manera clandestinaā no es una actividad delictiva: por ello la lógica protección de las fronteras no puede en modo alguno legitimar la vulneración de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad fĆsica y moral, a la dignidad de las personasā¦al corolario de derechos āen finā de un estado de derecho.
Asimismo, en nuestro ordenamiento penal, el funcionario pĆŗblico que a sabiendas de su injusticia dictarĆ© una resolución arbitraria āincluso, de factoā en un asunto istrativo comete prevaricación. Por otro lado, la persona que no socorriere a otra que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave comete omisión del deber de socorro.
No es verdad la falsa dicotomĆa que se pretende establecer entre seguridad en la frontera y derechos humanos: ambos son perfectamente compatibles pero ādesde luegoā si hubiera que elegir, una sociedad democrĆ”tica y libre debe optar sin dudar por los derechos humanos.
Nos horrorizamos ante la masacre de Lampedusa, nos escandalizamos ante la catĆ”strofe de Ceutaā¦pero, Āædebe seguir la sociedad espaƱola, la ciudadanĆa espaƱola mirando para otro lado ante esta miserable escaladaā¦? Primero, las cuchillas en la valla , luego los ahogados, ahora la reforma de la ley y el āapaƱoā con Marruecos⦠¿hasta cuando? Una sociedad debe tener un mĆnimo de fibra moral que le haga reaccionar ante una tragedia de semejante magnitud donde la respuesta institucional ha sido indigna e indecente ante unos hechos que han costado quince vidas humanas.
Āæ HubiĆ©ramos aceptado esas respuestas si los muertos hubiesen sido espaƱolesā¦? ĀæHubiĆ©semos aceptados esas excusas de la istración si los muertos hubieran sido otros? Todas esas gentes de orden que claman por la hipotĆ©tica vida del nasciturus, Āæpor quĆ© callan ante la muerte āterriblemente realā de quince seres humanos?.
Para finalizar y mutatis mutandi, ĀæquĆ© argumentos esbozarĆa el estado espaƱol si un paĆs europeo ā por ejemplo Suiza- en un futuro no muy lejano sometiese a nuestros emigrantes a trato discriminatorio o incluso degradanteā¦.?
JosĆ© Antonio Moreno DĆaz, es abogado.