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Cualquiera puede observar, a no ser que esté aquejado de algún tipo de prejuicio, que en estos momentos se está produciendo por parte de la justicia, de algunos jueces, un ataque brutal al gobierno de Pedro Sánchez. En esta tarea trabajan perfectamente conjuntados: algunas organizaciones de extrema derecha presentando denuncias poco fundamentadas, cuando no falsas; rápidamente determinados medios las divulgan con auténtico frenesí sin contrastarlas (los Herrera, Valles, Siso, Terradillos…); posteriormente se usan en el Parlamento. Ejemplos no faltan. La actuación del juez Peinado puede ser paradigmática en la investigación de Begoña Gómez. Ya no sabemos cuánto tiempo dura, ni de qué se le acusa realmente. ¿Y qué podemos decir de la teatralidad buscada a conciencia de hacer declarar a Pedro Sánchez en La Moncloa? Podemos esperar en esta investigación cualquier cosa. No sería de extrañar que solicitase el establecimiento dónde se compran los turrones y los langostinos para las cenas navideñas en la Moncloa de la familia de Pedro Sánchez. Y en cuanto al hermano de Pedro Sánchez, más de lo mismo. El BBVA ha confirmado a la jueza titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que David Sánchez Pérez-Castejón, contaba con un total de 71.411,16 euros en acciones en esta entidad, a fecha 30 de junio de 2023 y no 1,4 millones de euros en acciones, tal y como se había publicado. Cifra que el ínclito Tellado la ha repetido constantemente en sus preguntas parlamentarias. Cabe pensar que rectificará.
Llamemos las cosas por su nombre, es un autentico lawfare. El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar.
El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político
Hay un artículo de título muy explícito Jueces de cacería de Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Dice así; “El Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general del Estado. Ya conocemos la dinámica:el Partido Popular señala, los jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan politizado. Y con tanto desapego por la ley y el derecho como para usarlos constantemente con fines políticos”.
En la misma línea se expresa el profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Granada y con un master en Derecho Constitucional por la de Sevilla, Rubén Pérez Trujillano, gran especialista en el papel de la justicia en tiempos de la II República, con numerosas publicaciones, como Jueces contra la República: el poder judicial frente a las reformas republicanas. Es un autor al que he recurrido en diferentes artículos en este mismo medio. Merece la pena destacar estas palabras del libro citado referidas a la II República:
“La historiografía ha podido sentir la necesidad apremiante de atender al problema militar. La pólvora atrae más que la tinta. Ahora bien, estamos ante una falsa dicotomía. Al igual que no pueden confundirse, no puede ignorarse que están atados por una misma lógica. La acumulación de conocimientos obliga a constatar que el militar y el judicial son dos caras de un mismo problema: el de la reacción al intento más serio y formidable de construcción de un Estado constitucional en España. No en balde, queda patente que la reacción –judicial en este caso– actuó contra reformas meramente –o eminentemente republicanas, y no a consecuencia de unas hipotéticas derivas revolucionarias del régimen republicano. En este sentido, los jueces no sólo secundaron las derivas contrarreformistas y a menudo desrrepublicanizadoras que echaron a andar durante el segundo bienio. En muchos casos, se anticiparon a ellas”.
Pues, en una reciente entrevista se le hace a Pérez Trujillano la siguiente pregunta. Su repuesta es muy clara y para valorarla, teniendo en cuenta su formación académica en el tema de la justicia en España.
Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de Núñez Feijóo, augurándole un calvario en ámbito judicial
- Cualquiera podría encontrar similitudes en la II República con el comportamiento actual del Poder Judicial respecto al legislativo y al ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?
“Sí, en tanto en cuanto se aprecia la existencia de operadores jurídicos que anteponen su concepto de ‘unidad patriótica’ y sus valores ideológicos al derecho, las libertades y los poderes democráticamente concretados en el ordenamiento constitucional. Esto también sucedió en los años republicanos, pero a día de hoy quizá se ha producido una mejoría técnica y el discurso no es tan descarnado”. Yo discrepo en parte, ya que me parece totalmente descarnada la actuación hoy de determinados jueces.
Tampoco es una novedad la práctica de lawfare. Cabe recordar la actuación judicial vergonzosa hacia Podemos y los partidos independentistas de Cataluña. Un episodio muy conocido de lawfare en España fue el del exmagistrado Salvador Alba, condenado en 2019 a seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad tras demostrarse, según la sentencia, que intentó dañar gravemente la actividad política de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. Mas, este castigo a un juez por estas prácticas de lawfare es algo excepcional.
En base a lo expuesto, Pedro Sánchez acaba de afirmar que cree que el Partido Popular juega “con las cartas marcadas” en el frente judicial cuando escucha declaraciones como las de su líder, vas a ir pa'lante”. Toda la Brunete mediática, profundamente sensible, se ha sentido profundamente escandalizada por estas palabras de Sánchez. “Un ataque en toda regla al Estado de Derecho”. La democracia en peligro, vamos hacia una dictadura”.
Ante estas palabras de Sánchez, también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con una rapidez vertiginosa ha emitido un comunicado alertando de su preocupación y del grave daño al atribuir sesgo político a los jueces. La presidenta del alto tribunal indica que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. “Es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados”. Perfecto, le tomo la palabra. Separación de poderes. No recuerdo que se hiciera ningún comunicado parecido cuando muchos jueces con toga se manifestaron ante los tribunales contra una ley de amnistía, que estaba todavía en tramitación. Eso es inmiscuirse en las funciones de legislativo y ejecutivo. Eso es hacer política. Sin embargo, no se manifestaron para protestar por la mayor deficiencia constitucional que les afectaba directamente, ante la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se mantuvo en funciones durante cinco años. Es decir, los jueces quieren independencia y autonomía en sus funciones, cuando se la niegan a los otros poderes del Estado. Incomprensible. Les recuerdo a nuestros ilustres y egregios magistrados las siguientes palabras para que las interioricen. El pasado febrero, Vicente Guilarte, anterior presidente del CGPJ en la entrega de despachos a la 72ª promoción de la Carrera Judicial: “Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar”, y citando un pasaje de Cien años de soledad señaló que la ley es un instrumento “que, utilizado desviadamente, puede resultar enormemente nocivo” y que el derecho, “en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso”. La independencia es, básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, aunque alguna vez tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía”.
Termino. Acabo de leer el libro del magistrado Joaquim Bosch, titulado Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria. Y en ese jaque a la democracia señala que uno de los mayores peligros, el paradigma por excelencia de un déficit democrático ha sido la desafortunada institución del Consejo General del Poder Judicial. Los consejos de judicatura en Europa funcionan satisfactoriamente, mientras el CGPJ es un deplorable ejemplo de descrédito institucional, por culpa de reparto de sus por parte de los dos grandes partidos. El informe sobre el Estado de derecho en España en 2023, emitido por la Comisión Europea, ha vuelto a ser muy crítico con España, al reclamarnos que adaptemos la elección de los del CGPJ a los modelos europeos. El informe sobre el estado de la justicia en la UE de 2023 indica que el 56% de los españoles considera que la independencia de sus tribunales y magistrados es muy mala o bastante mala a causa de las presiones políticas,
Nos cuenta Joaquim Bosch, recurriendo a las palabras de Rafael Jiménez Asensio, durante las negociaciones para cubrir las plazas en los altos tribunales los despachos del CGPJ son una olla de presiones e intercambio, “un auténtico mercadillo, impropio a todas luces de una institución tan importante”. Y llegan a sus altos cargos, no los objetivamente más preparados, sino los que están más dispuestos a seguir las directrices de los partidos políticos que los han elegido. Ahí van unas pruebas fehacientes. Las palabras de Fernández Díaz: «Esto la Fiscalía te lo afina». O Ignacio González a Eduardo Zaplana: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué tal…Y escucha, tenemos un juez provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted p'acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño…» El juez provisional era Eloy Velasco. No iba mal encaminado González, porque volvió el juez Manuel García Castellón. Conversaciones semejantes podemos conocerlas en el libro de Jesús Cintora No quieren que lo sepas.
Por cierto, las palabras de Eloy Velasco dirigidas a Irene Montero han sido una auténtica vergüenza. Todo un ejemplo de machismo y clasismo. Como también la deslegitimación del gobierno de Sánchez. Parece que el CGPJ ha abierto un expediente por esta actuación.
Para el comportamiento del susodicho juez me parecen muy pertinentes las reflexiones de Silvina Ribotta en su artículo: ¿Qué juezas y jueces debe tener un Estado Democrático? Análisis de los criterios de selección y formación de jueces y juezas. En los Estados democráticos las personas que acaban siendo juezas y jueces no son representativos de la diversidad de la sociedad. En general, la judicatura no muestra de manera equilibrada y proporcional la diversidad de sexo-género e identidades sexuales, étnica-racial, cultural, religiosa, económica, política, lingüística, de capacidades, entre otras diversidades, existentes en las sociedades en las que istran justicia. La composición de la judicatura no traduce las pluralidades, lo heterogéneo de las sociedades que juzga y sobre las que aplica normas jurídicas, sino que, por el contrario, en general, está integrada por sectores de la sociedad que representan, en mayor o menor medida, el poder social, político y económico de la sociedad. La integración suele no resultar, por ende, genuinamente igualitaria en el sentido de incluyente y representativa de la diversidad social, teniendo una menor representación, o ninguna, grandes grupos de la sociedad que no sólo están ausentes como representación física, sino que también se produce invisibilización de sus relatos, historias de vida, intereses, problemas que constituyen sus vivencias y la interpretación situada de estos intereses y problemas en relación al Derecho y a la justicia. Se sobrerrepresenta a unas personas, sus intereses y sus concepciones sobre la justicia y el derecho, mientras se subrepresenta a grandes sectores de la sociedad, haciéndose más notorio cuanto más desigualitaria sea la sociedad.
