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En esta sección hemos escrito muchas veces sobre las posibles causas de la politización del Poder Judicial y sobre los motivos por los que algunos Jueces han entrado en una dinámica opositora contra el Gobierno, con la inmediata consecuencia de los efectos que tienen sus decisiones sobre las personas que tienen la desgracia de entrar en su campo de investigación. Es evidente que el origen último de esta operación desestabilizadora de algunos del Poder Judicial está en el pacto, tácito o expreso, de las dos derechas, la política y judicial, que han decidido utilizar a los Jueces para derribar al Gobierno, igual que durante la República la derecha monárquica decidió utilizar a las Fuerzas Aradas para liquidar aquella democracia.
Una cosa es que la derecha política y judicial decida combatir al Gobierno legítimo con medios judiciales y otra cosa es que sea posible hallar suficientes Jueces que estén dispuestos a entrar en esa dinámica. Y eso ha sido posible hasta ahora por la extracción social de los del Poder Judicial y de la carrera fiscal, que en su mayor parte proceden de la clase media y de la clase media alta (pocos jueces proceden de la oligarquía financiera e industrial que controla el Ibex), de ideología generalmente conservadora. Por eso era un problema moral y de equidad (más que político, como lo es coyunturalmente) que las clases populares no pudieran acceder a la judicatura y a la carrera fiscal si no es a costa de sacrificios personales extraordinarios que no todo el mundo estaba dispuesto a asumir.
Es necesario organizar un sistema de becas lo suficientemente generoso para asegurar que cualquier graduado en Derecho siga estudiando unas oposiciones tras acabar el grado
Hay que tener en cuenta que si la Universidad se masificó y abrió a las clases populares en los años setenta del siglo pasado fue por la mejora de la economía española, que permitió a algunas franjas de la clase obrera enviar a sus hijos a realizar estudios universitarios (cuya matrícula era barata) en lugar de ponerlos a trabajar para aportar otro salario a la familia. Pero si actualmente es posible que los hijos de muchos sectores de las clases populares acudan a la Universidad, resulta mucho más difícil que al terminar sus estudios no se incorporen al mercado de trabajo y dediquen todavía tres o cuatro años a preparar oposiciones tan exigentes como las de judicatura y la carrera fiscal. Por eso es necesario organizar un sistema de becas lo suficientemente generoso para asegurar que cualquier graduado en Derecho siga estudiando unas oposiciones tras acabar el grado, con independencia de las posibilidades económicas de su familia.
El Consejo de Ministros celebrado el 21 de enero pasado ha informado favorablemente un proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Es importante destacar que esa aprobación del Consejo de Ministros se ha realizado a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, lo que quiere decir que no es una aprobación definitiva para la remisión a las Cortes, sino una primera aprobación para que el proyecto de ley puede ser remitido al Consejo General del Poder Judicial que ha de informarlo necesariamente. Será interesante ver cómo reacciona la derecha judicial que tiene muy difícil oponerse en público a una iniciativa que a largas socavará su poder y su influencia.
Antes de entrar en el contenido que se conoce, hay que recordar que siendo Pablo Zapatero Miguel Secretario de Estado de Justicia preparó una reforma que iba en la misma línea de lo aprobado en Consejo de Ministros, pero al cesar en su cargo en diciembre de 2021 la reforma no siguió adelante. Ahora el Gobierno vuelve sobre las mismas ideas y es un acierto por la urgencia de entrar a reformar las bases sociales de la judicatura y carrera fiscal.
El proyecto de ley del Gobierno se propone asegurar la concesión de becas a los opositores a judicatura y carrera fiscal
En lo que hasta ahora conocemos, por la referencia del Consejo de Ministros, el proyecto de ley se propone asegurar por Ley la concesión de becas a los opositores a judicatura y carrera fiscal. También se propone hacer del Centro de Estudios Judiciales un centro de formación de opositores de todos los Cuerpos que dependen del Ministerio de Justicia y dar trasparencia a la función de los preparadores-jueces, que todavía hoy se sitúan en una franja opaca desde el punto de vista fiscal y desde el punto de su influencia a lo largo de la celebración de la oposición. El proyecto entra también en la reforma de los ejercicios de la oposición, de modo que se aplique el anonimato en la corrección de las pruebas escritas y se sustituirá uno de los ejercicios memorísticos por un caso práctico. Y es que es sorprendente que en una profesión donde los jueces y fiscales se expresan por escrito en gran parte de sus actuaciones no haya todavía un ejercicio escrito, lo que favorece a un cierto tipo de opositores en detrimento de otros. La reforma, en fin, modifica el al llamado “cuarto turno” para juristas de reconocida competencia, que es una forma de que la derecha judicial siempre ha mirado con recelo y cuya aplicación ha procurado entorpecer.
Entre otras reformas, el proyecto de ley regula la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial dedicada a asegurar la diversidad de perfiles y también modifica los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los Tribunales con candidaturas individuales, un solo voto por elector, prohibición del voto delegado, introducción del voto telemático y reducción del mandato de cinco a tres años.
Este conjunto de medidas supone un alivio para la opinión pública progresista, que estaba viendo cómo la derecha política utilizaba a la derecha judicial para entorpecer la mayoría parlamentaria y cómo la derecha judicial había empezado ya la operación de tiro al blanco contra los del Gobierno y sus familias. Esta medida, junto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que busca acotar el ejercicio espurio de la acción popular, proporciona oxígeno a una izquierda que iba viendo como la derecha manejaba las instancias del Poder Judicial para derribar al Gobierno. Además, es una reforma de sentido estratégico, para mejorar, modernizar y adaptar el Poder Judicial a la Constitución, cuyo creciente corporativismo cada vez se aleja más de los intereses de la ciudadanía.
