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Si Hans Kelsen escribió que la Jefatura del Estado es, en el Estado representativo, un órgano lógicamente innecesario, con mayor motivo podemos decirlo del Senado. Las segundas Cámaras nacieron en los inicios del liberalismo, en el siglo XIX, como órgano encargado de frenar a la Cámara popular más representativa. Tampoco esas primeras Cámaras eran un órgano plagado de extremistas, porque regía el sufragio censitario y muy pocas veces, en el continente europeo, estuvo vigente el sufragio universal durante el siglo XIX. Aun así, la alianza de la alta burguesía y la aristocracia intentó neutralizar una Cámara que podía ser más representativa y se creó el Senado con el fin de limitar las facultades de las primeras Cámaras que, no por casualidad, se llamaban ”bajas” frente a las “altas” que eran los Senados. Cuestión distinta, en la que no vamos a entrar ahora, es el bicameralismo de los Estados compuestos, que inició la Constitución estadounidense de 1787.
En su política de tierra quemada, el Partido Popular no duda en utilizar espuriamente los órganos constitucionales para mantener un clima de confrontación y destrucción
En España sólo las Constituciones de 1812 y 1831 establecieron sistemas unicamerales. Ni siquiera los progresistas y demócratas que aprobaron la Constitución nonata de 1856 y la Constitución democrática de 1869 se atrevieron a suprimir el Senado, que siempre ha sido el símbolo de un parlamentarismo limitado y favorable al voto conservador. No ha de extrañar por ello, que en 1977 la izquierda socialista y comunista tuviera que plegarse al bicameralismo y, a lo sumo, tratara de salvar los muebles con un Senado relativamente neutralizado en sus funciones, ya que al menos fue excluido de la relación fiduciaria con el Gobierno y se limitó su función legislativa subordinándola (pero sin excluirla) al Congreso. En la actualidad, el Senado es una Cámara que puede dificultar el trabajo del Congreso, pero sin llegar a neutralizarlo. Como mucho, el Senado retrasa la función legislativa de la primera Cámara, pero no es óbice para que ésta funcione como órgano legislador pleno. En cuanto al control al Gobierno, si manejamos la distinción muy extendida en la doctrina del Derecho constitucional de control-información y control-sanción, el Senador participa del control-información, pues dispone de suficientes instrumentos inspectivos, para valorar la acción del Gobierno, pero no puede participar el control-sanción que conduce a la censura del Presidente del Gobierno.
Vienen a cuento estas reflexiones a la vista de la labor opositora que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha emprendido contra el Gobierno. Previamente, ha tenido lugar el desembarco en esta Cámara de funcionarios conservadores que han abandonado el Congreso para ponerse al servicio de la labor obstruccionista contra el Gobierno, algo que nunca había ocurrido desde 1977. Decimos labor obstruccionista porque la obstrucción es lo más a lo que puede llegar el Senado. Pero una cosa es que los partidos mayoritarios del Senado ejerzan la oposición a un Gobierno que no es el suyo y otra cosa es que, sin efectos prácticos, el Senado se dedique a una labor de francotirador contra el Gobierno que sólo conduce a la crispación y a enfrentar gratuitamente órganos constitucionales. Esa es la presente actuación del Senado con mayoría popular.
Todo empezó hace unos meses cuando el Congreso votó la reducción de penas para adaptarse a los mandatos de la Unión Europea, reducción que, lógicamente, favorece a condenados etarras y no etarras. Por desidia o por considerarlo irrelevante, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso votó esa reducción y tampoco formuló propuestas de veto en el Senado, pero el siempre atento ABC, martillo de dubitativos y de tibios, sacó el tema en tonos escandalosos e inexactos y el Partido Popular se vio obligado a rectificar para no quedar mal ante los que le marcan el camino de la oposición. Para ello, el Senado intentó toda clase de maniobras inconstitucionales, ideadas por leguleyos al servicio de la bronca, con un absurdo requerimiento al Congreso, y el tema ha acabado en el Tribunal Constitucional.
El Presidente del Senado ha puesto a un grupo de funcionarnos a idear tretas contra el Gobierno y contra el Congreso y con ello se demuestra la inutilidad de una Cámara que no aporta nada a la democracia
No contento con entrar en esa vía de confrontación para tapar los errores, el Senado ha decidido asentarse en el conflicto, del que nos va informando regularmente ABC. Según este diario (10 de febrero de 2025), el Senado se dispone a recurrir en el Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad suscrito con Francia. Esto son palabras mayores, no porque el Tribunal lo vaya a declarar inconstitucional (como habría pasado hace tiempo cuando el Tribunal estaba copado por activistas de derechas), sino por lo que incide en las relaciones con un país extranjero, país que no es Tanzania ni Guyana. Como todo lo que hace ahora el Senado, el recurso desborda la Constitución pues los letrados de esta Cámara han decidido estirar la Constitución y el ordenamiento como si fuera chicle al servicio de la política popular de confrontación institucional. Según ABC el Senado va a suscitar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Tratado de Amistad con Francia, lo que retrasará un mes si entrada en vigor. Es un procedimiento casi inaplicado pues sólo se utilizó. a instancia del Gobierno del Presidente González, cuando había que ratificar el Tratado de Maastricht en 1992 que contradecía el artículo 13.2 de la Constitución. Pero ahora se aplica con vocación obstruccionista de la política exterior.
También ABC (recogido posteriormente por El País) nos habla de otro conflicto que quiere suscitar el Senado. Por iniciativa del Congreso, se corrigió un error detectado en la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficacia del Servicio Público de la Justicia que dejaba sin determinado complemento a ciertas categorías de Jueces. El error era evidente por lo que el Congreso lo subsanó pero, según ABC, el Senado va a suscitar otro conflicto, aunque su interposición no paraliza lo publicado en el BOE.
En su política de tierra quemada, el Partido Popular no duda en una Cámara que no aporta nada a la democracia.
