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El progreso a lo largo de la Historia en los dos últimos siglos en el mundo occidental, ha consistido en ir convirtiendo en deberes de justicia aquellas obligaciones, que nacieron siendo deberes de beneficencia o caridad. La atención a los pobres, a los desamparados, que empezó siendo una dádiva de gentes solidarias se convirtió en exigencia de justicia para el Estado de bienestar (EB).
Como señalan en su libro Pensar el siglo XX, la muerte de Marx en 1883 al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, sobre la función que el Estado capitalista podría y debería desempeñar para aliviar, controlar y replantear las relaciones entre los empleadores y los empleados. Los debates sobre los programas de Gotha y de Erfurt en el Partido Socialdemócrata, o entre Karl Kautsky y Eduard Berstein, pueden entenderse dentro de las tradiciones marxistas; pero también como las respuestas de los socialistas, incoherentes y quisquillosos, a los mismos temas que por entonces preocupaban a Bismarck y el Partido de Centro Católico en Alemania.
El neoliberalismo se desbocó, aunque ya había dado muestras de su voracidad en años anteriores con Margaret Thatcher y Ronald Regan
Desde la ética, de lo que se trataría es de proporcionar los medios adecuados para que los trabajadores y su familia vivan decentemente. Desde la ética cabe explicar la implantación del EB tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En su implantación uno de los documentos más importante fue el Informe elaborado en 1942 por William Beveridge, sobre Seguridad Social y Servicios Afines, a instancias de las autoridades británicas, que recoge gran parte de las reflexiones y prácticas de las políticas de bienestar ensayadas hasta entonces. La filosofía del informe lo expresó Janet, esposa de Beveridge: "Tanto si les gusta como si no, tanto si se sienten contentos como apenados, significó la inauguración de una nueva relación entre los hombres en el seno del Estado, y del hombre con el Estado, no sólo en este país, sino en todo el mundo. La ética de la hermandad universal de los hombres fue entronizada aquí en un plan a llevar a cabo por cada individuo de la comunidad al servicio de si mismo y de sus compañeros". Ya en la primera década del siglo XX, William Beveridge estaba pensando en lo que el Estado debería hacer por la clase trabajadora. Para la década de 1940 Beveridge será considerado como uno de los fundadores de la planificación social moderna. Sus preocupaciones iniciales tuvieron que ver con la pobreza como un mal moral. Nacido en 1879, es un producto de las últimas aspiraciones reformistas victorianas. Como otros de sus contemporáneos, fue a Oxford, donde pudo debatir sobre el problema de la prostitución, del trabajo infantil, del desempleo, de las personas sin techo, etc. Tras abandonar Oxford, se dedicó al trabajo caritativo enfocado a superar ciertas patologías de la sociedad industrial; en muchos aspectos, la palabra “cristiano” figura en las organizaciones en las que él y sus amigos volcaron todas sus energías. Lo mismo puede decirse de otro casi contemporáneo Clement Attlee, futuro primer ministro laborista, que fue quien llevaría las ideas de Beveridge a la práctica. Fue el gabinete ministerial laborista presidido por Attlee, el que puso en marcha el Estado de bienestar tras los destrozos de la II Guerra Mundial. Los más destacados del Gobierno de Clement Attlee fueron Ernest Bevin, ministro de Exteriores; Nye Bevan, fundador de la Seguridad Social; y Herbert Morrison, el número dos de Attle. Todos eran de origen obrero, y en sus inicios fueron peón agrícola, minero y dependiente en una tienda, respectivamente. Y sin formación académica fueron capaces de llevar a cabo políticas para el progreso de la gran mayoría de la sociedad. La implantación del EB puede ser explicado fundamentalmente desde el ámbito de la ética, aunque también desde la prudencia., no podemos olvidar tras la II Guerra Mundial el miedo al comunismo. Ese miedo propició las reformas en el mundo occidental, obligando al capitalismo a hacer concesiones a las clases trabajadoras. Según Mercè Ibarz todos nosotros somos hijos de Stalin. Sin el temor al soviético, el capital no habría tolerado el laborismo en Gran Bretaña y, que valía más hacer algunas concesiones humanistas que no exponerse al predicamento que entonces todavía tenían los supervivientes vencedores de la batalla de Stalingrado. Cabe recordar la crisis de mayo de 1947, también conocida como la crisis de exclusión, se refiere a los movimientos políticos ocurridos en los gobiernos de Italia y Francia en mayo de 1947 que tuvieron como consecuencia la expulsión de los comunistas de estos gobiernos, debido a la presión de los Estados Unidos. Ambos partidos comunistas eran los más potentes. En Francia, uno de cada cuatro ses lo votaban, el mayor porcentaje de votos de cualquier partido francés entre 1946 y 1956.
Según Margarita León en su libro El arte de pactar. Estado de bienestar, desigualdad y acuerdo social, el desarrollo del Estado de bienestar en España fue tardío y apresurado, si lo comparamos con el de los europeos.Se implantó cuando las décadas gloriosas tocaban a su fin. La trayectoria atípica en España fue tal que el momento de expansión del gasto social no llegó en un momento de reconstrucción y fuerte expansión económica. Sino todo lo contrario. En España, el momento de despegue, es decir, cuando se universaliza la educación, la sanidad y el resto de las prestaciones sociales, ocurre sobre todo durante la década de los ochenta, coincidiendo en el tiempo con una necesidad imperiosa de contener el gasto y modificar la estructura productiva del país. Además, el clima de Europa ya era de cambio de paradigma, tanto en lo que respecta a la orientación político-ideológica neoliberal, sobre todo en los países anglosajones. Unas breves referencias sobre los hitos más importantes en la implantación del EB en España. No viene mal recordarlos, ya que los españoles somos muy olvidadizos.
Ernest Lluch fue el responsable de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, que puso las bases legales para la universalización de la atención sanitaria. Un cambio trascendental en el modelo de asistencia sanitaria, ya que se pasó de un sistema de Seguridad Social financiado con las cuotas de trabajadores y empresarios, a uno integrado por todas las redes existentes, y financiado directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado. Descentralizó los servicios sanitarios en comunidades autónomas.
La implantación del neoliberalismo, sin ningún enemigo enfrente, que estamos contemplando con grandes dosis de pasividad, ha iniciado un proceso de regresión de momento parece irreversible, de acabar con el Estado de bienestar
La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de rentas a aquellos jubilados que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los únicos requisitos exigidos para el derecho a las pensiones no contributivas fueron, con carácter general, la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos; y, con carácter específico, la edad de sesenta y cinco años, para la pensión de jubilación, y la edad de dieciocho años y el grado de minusvalía establecido, para la de invalidez.
En aplicación de la LOGSE, de 1990, la enseñanza por primera vez en la historia fue obligatoria, gratuita y universal para todos los españoles de 6 a 16 años, al ampliarse la escolarización dos años más, de los 14 a los 16 años.
La LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta última Ley supuso la implantación del cuarto pilar del Estado de bienestar. Una ley como esta, impregnada de sensibilidad social y solidaridad es inconcebible que pudiera surgir de la derecha española
Tras la caída de la URSS sin revolución posible en el horizonte, la frustración de los trabajadores dejo de ser peligrosa. El neoliberalismo se desbocó, aunque ya había dado muestras de su voracidad en años anteriores con Margaret Thatcher y Ronald Regan. Insisto, la implantación del neoliberalismo, sin ningún enemigo enfrente, que estamos contemplando con grandes dosis de pasividad, ha iniciado un proceso de regresión de momento parece irreversible, de acabar con el Estado de bienestar y retornar al Estado de beneficencia decimonónico. Lo más grave es que el neoliberalismo nos ha impuesto “no hay alternativa”. En la concepción neoliberal de la política no caben las trasformaciones: la idea de poder cambiar el mundo es una utopía inalcanzable. Este es el “realismo capitalista” del que habla Mark Fisher, que suscita y es provocado por una impotencia irreflexiva: no se trata de una cuestión de apatía o cinismo, sino de que incluso siendo plenamente conscientes de que las cosas andan mal, más aún son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Sin embargo, este conocimiento, esta reflexividad, no es producto de la observación pasiva de un estado de cosas previamente existente. Es más bien una especie de profecía autoincumplida. Los intelectuales han contribuido a que la gran mayoría asuma e interiorice la inexistencia de alternativas. En La revolución de lo posible Marina Garcés nos cuenta: "En las últimas décadas se han impuesto un tipo de intelectuales que se dedican a contarnos lo que ya no puede ser, lo que ya no podemos seguir pensando, haciendo o deseando. Son los predicadores del fin de la historia, del fin de las ideologías, del fin del pensamiento crítico... Son los intelectuales "cierra-puertas", verdaderos policías del pensamiento que tienen como función precintar los caminos que ellos mismos declaran intransitables ya para siempre...". Intelectuales por llamarlos de alguna manera, que proliferan por doquier y que como estómagos agradecidos se prostituyen ante el poder.
Brotan tímidos y endebles movimientos -la revuelta chilena de 2019, los chalecos amarillos, el 15-M, Occupy Wall Street, las revueltas de las primaveras árabes- que son metabolizados de inmediato por el sistema político
Lo real, es que, si algo nos atormenta dramática y permanentemente, sobre todo tras la crisis del 2008, es observar que no se divisa en el horizonte revuelta alguna. Por ello, debemos hacernos una pregunta, no fácil de responder. ¿Por qué no nos rebelamos? ¿Por qué no estallan iracundos los jóvenes que son los más perjudicados en el modelo neoliberal?
Es cierto que brotan tímidos y endebles movimientos -la revuelta chilena de 2019, los chalecos amarillos, el 15-M, Occupy Wall Street, las revueltas de las primaveras árabes- que son metabolizados de inmediato por el sistema político, pero son escarceos indefensos para hacer frente a los bofetones que los dominadores están soltando a los dominados, a los garrotazos que los dueños del mundo propinan a la gente común.
Todavía me parece más grave que muchos votan bajo el señuelo de la bandera o una falsa idea de libertad, a aquellos que nos quieren retrotraer a la situación social del siglo XIX Sacan mayorías absolutas políticos que consideran la Justicia Social aberrante. Esta estigmatización de la justicia social supone tirar por la borda todas las conquistas sociales reflejadas en las legislaciones laborales y en las constituciones sociales aprobadas a lo largo del siglo XX. Resulta un sarcasmo observar en políticos ufanos de sus creencias cristianas, el desprecio a la justicia social. Justicia social que el papa Pío XI en la Encíclica Quadragesimo Anno, 1931. la defendió En ella la justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de manera que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados: «A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados».
Atónitos escuchamos declaraciones de políticos, de aquí, Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, y de más allá del Atlántico, Javier Milei, considerando aberrante la «justicia social», como una ocurrencia socialista o un rasgo de perroflautas desocupados. Tales palabras son un ataque frontal a nuestra Carta Magna, cuyo artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Estado Social conecta muy directamente con la justicia y, en particular, con la vertiente social de ésta, la justicia social, que se relaciona directamente con el Estado Social establecido en las distintas constituciones y en nuestro caso, principalmente en el artículo 1.1, ya citado.
Nunca estos portavoces del neoliberalismo salvaje lo han dicho tan claro y rotundo sin que se produzca una reacción contundente. Estos mensajes cosechan bastante éxito, no entre las élites a las que sirven, sino entre las víctimas de esta doctrina económica, cuyo mensaje es el «Sálvese quien pueda». Es decir, la ley de la selva. Puro darwinismo social.
Hoy todo ha cambiado radicalmente. Ni seguridad económica, ni calidad de vida, ni estabilidad social. Por ello, crisis de la democracia y la expansión de la deriva autoritaria
Para la clase dominante de hoy sin ningún enemigo delante, la cuestión, social, cuya mayor prueba es una desigualdad brutal, no les preocupa, ni por prudencia ni por ética. ¿Es sostenible un mundo tal como existe hoy? Fijémonos en un ejemplo, extensible a otros continentes. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo: tan solo 2 personas concentran tanta riqueza como los 334 millones de personas más pobres. Hay países enteros que tienen menos dinero que una sola persona.
Termino con unas reflexiones extraídas del libro Jaque a la democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial, delmagistrado Joaquim Bosch. La relación de los ciudadanos con la democracia nunca ha sido un amor incondicional. A la democracia se le ha exigido profundizar en elementos igualitarios de tipo social y evitar los abusos derivados de que el poder se concentre en pocas manos, con el objetivo de potenciar las condiciones de vida de los ciudadanos. La igualdad moral entre las personas tiene que relacionarse con una justa distribución de los recursos sociales. Cuando se generan desigualdades importantes, el sistema político ha de corregirlas para que la ciudadanía cuente con elementos positivos que le permitan identificarse con él.
Joaquin Bosch recurre a unas palabras del gran ideólogo del parlamentarismo y teórico de la República de Weimar, Hans Kelsen, pronunciadas unos años antes de que el nazismo asaltara el poder: “La existencia de la democracia moderna depende de que el Parlamento sea un instrumento útil para resolver las cuestiones sociales de nuestro tiempo”. Reflexiones que siguen siendo de plena actualidad hoy. El progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar en España ha dañado las condiciones de vida de millones de personas, ante la incapacidad de las instituciones de dar unas respuestas adecuadas a la inseguridad general por las crisis económicas en las últimas décadas.
Los mayores índices de satisfacción hacia la democracia en Europa occidental se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial. La legitimidad de la democracia de entonces se fundamentaba en el hecho de que los Estados eran capaces de controlar los mercados y corregir sus defectos, en beneficio de la mayoría. Los Estados de bienestar contaban con mecanismos de intervención para corregir las desigualdades y con el apoyo de unas élites económicas para evitar la expansión del comunismo. Era un sistema apolítico aceptado, porque aseguraba unos ingresos económicos, calidad de vida y estabilidad social. Hoy todo ha cambiado radicalmente. Ni seguridad económica, ni calidad de vida, ni estabilidad social. Por ello, crisis de la democracia y la expansión de la deriva autoritaria.
